La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros para 2019 y nuevas medidas para pinchar la burbuja del alquiler centran ahora las negociaciones entre el Gobierno y Podemos de cara a un apoyo a los Presupuestos del próximo año, una vez establecidos los perímetros en materia fiscal.
Fuentes de la formación morada han señalado que las mesas negociadoras en torno a la vivienda y a nuevas medidas laborales están abiertas, pese a que no se han reunido formalmente.
El secretario de Organización del partido, Pablo Echenique, ya ha dejado claro que otra exigencia para apoyar los Presupuestos es subir el SMI a 1.000 euros el próximo año y no en 2020 como contemplaba la Alternativa Presupuestaria del PSOE presentada antes de llegar al Gobierno.
En febrero de este año el Pleno del Congreso aprobó el acuerdo alcanzado por sindicatos y patronal para que el SMI subiera el 4 % este año, hasta 736,01 euros en 14 pagas; el 5 % en 2019, hasta 773 euros y el 10 % en 2020, hasta 850 euros, aunque dichas alzas están vinculadas a que la economía crezca más del 2,5 % y se creen 450.000 empleos cada año.
Podemos urge modificar estos criterios y acelerar en el tiempo la subida del salario mínimo.
De hecho en el Congreso de los Diputados está paralizada desde hace casi dos años la proposición de Ley que fue aprobada por mayoría para que el SMI subiera de forma escalonada hasta situarse en el 60 % del salario medio neto español.
Aquella iniciativa elaborada por Unidos Podemos concretaba un alza del SMI a 800 euros mensuales en 2018 y a 950 euros en 2020, y de momento sigue en plazo de enmiendas sin llegar a su debate en la Comisión de Empleo.
Otra de las cuestiones laborales que el Gobierno analiza con Podemos es la modificación del Estatuto de los Trabajadores para devolver la prevalencia al convenio sectorial frente al de empresa y limitar la subcontratación.
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, dijo durante su primera comparecencia en el Congreso que habría que endurecer los "descuelgues" o inaplicaciones de convenio colectivo para que vuelva a ser un mecanismo excepcional y recuperar la ultraactividad de los convenios para que no pierdan su vigencia.
Igualar las condiciones salariales y laborales de los trabajadores de las subcontratas con los contratados por la empresa principal que realizan las mismas funciones es otra apuesta socialista apoyada por Podemos, así como la revisión de todas las prestaciones para simplificar los actuales subsidios.
En este punto, Podemos exige que las prestaciones no sean ni temporales ni residuales sino que den garantía a aquellos que las necesitan.
De forma paralela se avanza en las medidas para fomentar la bajada de los precios del alquiler y aunque Hacienda no es partidaria de tocar la fiscalidad de las sociedades de inversión inmobiliaria (Socimi), que actualmente tributan al 0 % en el Impuesto sobre Sociedades, Podemos insiste en subir este impuesto, según informan desde esta formación.
También ha pedido la posibilidad de sancionar a los grandes tenedores de pisos vacíos y dar mayor potestad a los ayuntamientos para "pinchar" la burbuja del alquiler que pueda existir en determinadas áreas metropolitanas.
Todo esto cuando el perímetro de las nuevas medidas fiscales está ya delimitado, según informan fuentes de Podemos, que aseguran que si el tipo mínimo obligatorio del Impuesto de Sociedades se establece en el 15 % sobre la base imponible, y no sobre el resultado contable, Hacienda deberá revisar las deducciones de las grandes empresas y limitarlas en el tiempo.
"Hay que revisar las bases imponibles negativas porque no puede ser que duren sine die", señalan al tiempo que abogan por que las deducciones se limiten por ejemplo cuatro años.
Además, a cambio de no crear un nuevo impuesto a la banca Podemos exige que se grave la compra venta de acciones como ocurre en Francia, y las transacciones con derivados con el 0,01 %, igual que en Alemania.
Precisamente, Montero ha explicado en torno a los beneficios de las grandes empresas producidos en el extranjero que "las cuestiones que tributan en el extranjero tendrán una parte de tributación en España similar a la que se produce en países como Francia o Alemania", sin precisar si ello se refiere a los dividendos de las grandes compañías internacionalizadas.
